"Se ha dictado sobreseimiento definitivo al expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado". Con estas palabras, el el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, informó a los periodistas sobre la extinción de las causas que se seguían contra el líder del Partido Nacional y dos veces mandatario en Honduras.
Hernández era señalado en su país por cargos de fraude y lavado de dinero en la causa conocida como Pandora I, que investigaba desde hacía tres años el desvío de 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013.
En ese periodo, Hernández era presidente del Parlamento y se cree que usó esos recursos para financiar su propia campaña a la presidencia, que detentó en dos períodos, entre 2014 y 2022.
En el segundo de ellos ganó los comicios y fue proclamado presidente contraviniendo la Constitución hondureña, que prohíbe expresamente la reelección. Una interpretación de magistrados de la Corte Suprema le permitió en aquella ocasión presentarse para un nuevo mandato, al que llegó en medio de múltiples denuncias de fraude.
En la causa Pandora I, Hernández estaba siendo procesado junto a otros funcionarios, entre ellos el también expresidente Porfirio Lobo, que estaba al frente del Gobierno en el momento de producirse los supuestos desvíos.
Hernández había reiterado su inocencia en el caso, asegurando que estaba dispuesto a llegar hasta el final para demostrarla.
"He ido día a día cuando me ha llamado el juez y cada día que pasa queda más claro que nunca, como los mismos testigos de la Fiscalía dijeron: de Juan Orlando no encontramos ninguna trazabilidad de dinero que haya quedado en sus manos", afirmó.
"Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos el de Estados Unidos, este se cierra", celebró Hernández frente a una multitud a su salida de la audiencia.
Es el segundo beneficio procesal que recibe el líder del Partido Nacional (conservador), que el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente Donald Trump, dejando sin efecto una condena de 45 años por narcotráfico que le fue dictada durante el Gobierno de Joe Biden y que purgaba desde junio de 2024.
Por esa causa fue extraditado desde Honduras en 2022, durante la Administración de Xiomara Castro, tras ser capturado en su casa de Tegucigalpa, en una operación conjunta entre fuerzas del orden locales y la DEA.
La medida a favor de Hernández puede ser apelada mediante "un recurso de apelación correspondiente ante la Corte de Apelaciones desde el mismo circuito de Criminalidad Organizada", según explicó el portavoz Silva.
Con EFE