Ni las advertencias de Estados Unidos parecen disuadir a Daniel Ortega de su objetivo de atornillarse al poder.
El presidente de Nicaragua respondió con un discurso desafiante a la presión de la Administración de Donald Trump y defendió lo que llamó la unidad de su Gobierno y de las Fuerzas Armadas frente a lo que calificó de "amenazas externas".
Durante el acto por el 47 aniversario del Ejército de Nicaragua, Ortega aseguró que tanto el Gobierno sandinista como los militares permanecen firmes ante las presiones internacionales. "Ni se vende ni se rinde, jamás", afirmó, apelando también a una "fortaleza que viene de Dios" para hacer frente a las amenazas.
El mensaje llegó después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que amplía de seis a siete años el mandato de los cargos electos y establece nuevas restricciones para quienes puedan presentarse a unas elecciones.
Ortega no solo defendió la reforma. También destacó el respaldo explícito del jefe del Ejército, Julio César Avilés, a la decisión parlamentaria.
Avilés, por su parte, calificó de "traidores y vendepatrias" a quienes cuestionan al Gobierno y aseguró que los soldados permanecerán "leales" y "cohesionados".
La escenificación es políticamente significativa: ante el incremento de la presión internacional, Ortega muestra al Ejército como un pilar de la continuidad del régimen.
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La respuesta de Washington llegó de la mano del secretario de Estado, Marco Rubio, quien instó a los socios internacionales de su país a poner fin de inmediato a las relaciones comerciales habituales con la Administración nicaragüense.
Rubio formuló la petición después de la aprobación de la reforma constitucional y acusó al Gobierno de Ortega de avanzar hacia la eliminación definitiva de las elecciones libres y de consolidar una "dinastía ilegítima".
Washington sostiene además que mantiene su compromiso de abordar las violaciones de derechos humanos atribuidas al Gobierno nicaragüense.
La petición estadounidense eleva el nivel de presión sobre Managua al no limitarse a una condena diplomática de la reforma. Y busca que otros países utilicen también sus relaciones económicas y comerciales como instrumento de presión.
Rubio busca aumentar el coste internacional de la deriva política nicaragüense. Estados Unidos no ha planteado únicamente una nueva condena diplomática. Al pedir a sus socios que detengan las relaciones comerciales habituales con Managua, intenta convertir el rechazo a la reforma en una presión coordinada.
El problema para Washington es que Nicaragua mantiene relaciones económicas con numerosos países y que una política de aislamiento comercial requiere que otros Gobiernos estén dispuestos a asumir los costes de enfrentarse al Ejecutivo de Ortega.
La reacción de Managua indica que, al menos inicialmente, el Gobierno nicaragüense no pretende ceder ante esa presión.
Ortega ha presentado históricamente las sanciones y críticas internacionales como parte de una estrategia de injerencia extranjera. Su discurso de este miércoles volvió a colocar el conflicto en ese marco: un Gobierno que se presenta como defensor de la soberanía frente a una potencia que, según su relato, pretende imponer sus condiciones.
La iniciativa se produce, además, en un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos han expresado su preocupación por el deterioro democrático de Nicaragua.
Perú ha pedido a la comunidad internacional activar mecanismos para impedir que se consolide una dictadura, mientras Costa Rica ha denunciado el "continuo deterioro democrático" y ha anunciado que apoyará una respuesta firme y coordinada dentro de la Organización de Estados Americanos.
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El punto más controvertido de la reforma es el nuevo régimen de incompatibilidades para acceder a cargos públicos.
El texto aprobado establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas "los traidores a la patria", como llama a los miembros de la oposición y a cualquiera que no se adhiera a sus intereses.
La expresión no es meramente retórica. El Gobierno nicaragüense la ha utilizado para referirse a centenares de opositores y críticos, incluidos ciudadanos a los que les retiró la nacionalidad y expulsó del país.
La reforma extiende esa prohibición a quienes hayan ejercido dirección, liderazgo, financiación, participación o cualquier tipo de vinculación con la planificación o ejecución de un supuesto intento de golpe de Estado.
También alcanza a quienes, según las autoridades, hayan realizado acciones que menoscaben la independencia, soberanía o autodeterminación de Nicaragua, promuevan la "injerencia extranjera", soliciten una intervención militar extranjera o respalden bloqueos, sanciones o medidas económicas contra el Estado nicaragüense.
En la práctica, la definición es lo suficientemente amplia como para permitir al poder político excluir de la competición electoral a sectores de la oposición que hayan denunciado al Gobierno ante organismos internacionales o hayan respaldado sanciones contra Managua.
La prohibición no se limita además a las candidaturas. Quienes entren en esas categorías tampoco podrán formar parte de las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.
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La otra gran modificación consiste en ampliar de seis a siete años los mandatos. La extensión afecta a los copresidentes, diputados, alcaldes y otros cargos electos, pero también a determinadas autoridades judiciales y electorales y a los jefes del Ejército y de la Policía.
El cambio tiene una consecuencia inmediata: Nicaragua tenía previstas sus próximas elecciones generales para noviembre de 2026, pero la ampliación de los mandatos desplaza el calendario electoral hasta 2027.
La reforma todavía no está en vigor. La Constitución nicaragüense exige que los cambios constitucionales sean aprobados por dos legislaturas distintas. La primera votación ya se produjo; la segunda deberá corresponder a la próxima legislatura, que comienza el 9 de enero de 2027.
Ortega ha situado el 18 de enero como fecha para esa segunda aprobación.Si el proceso culmina como está previsto, la nueva Constitución consolidará jurídicamente un sistema en el que el Gobierno podrá impedir la participación electoral de determinados opositores mientras prolonga los mandatos de la cúpula del poder.
Archivo: el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018.
La disputa va mucho más allá de una modificación constitucional. Para el Gobierno nicaragüense, se trata de reforzar la soberanía y proteger al Estado frente a quienes considera responsables de intentos de desestabilización y de injerencia extranjera.
Para Estados Unidos y varios Gobiernos latinoamericanos, el problema es precisamente el contrario: la reforma utiliza la Constitución para convertir en legales mecanismos que reducen la competencia electoral y permiten prolongar el poder de Ortega y Murillo.
El resultado es un nuevo choque entre dos concepciones incompatibles de legitimidad.
Ortega reivindica el mandato del Estado y su derecho a definir quién puede participar en la vida política. Sus críticos sostienen que una democracia no puede considerarse competitiva si el poder que controla las instituciones tiene además la capacidad de decidir qué opositores quedan excluidos de las elecciones.
La segunda votación prevista para enero será, por ello, mucho más que un trámite parlamentario.
Será el momento en el que Nicaragua avance otro paso hacia el modelo diseñado por Ortega y Murillo: un sistema con instituciones electorales, pero con una oposición cada vez más limitada y con mandatos presidenciales más largos.
Y mientras Washington intenta elevar el coste internacional de ese proceso, Ortega deja claro que su respuesta no será negociar bajo presión, sino resistirla.
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La reforma no afecta únicamente al futuro político de Daniel Ortega. También refuerza el modelo de poder construido junto a su esposa, Rosario Murillo.
Desde 2025, ambos ejercen como copresidentes de Nicaragua, después de otra modificación constitucional que elevó a Murillo desde la vicepresidencia a la copresidencia.
El sistema supone una concentración del poder político en la pareja presidencial, que controla el aparato estatal y cuenta con una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo.
La nueva reforma amplía ahora a siete años los mandatos de ambos.
Por eso, las críticas internacionales no describen el cambio únicamente como una modificación técnica de los plazos electorales. Lo interpretan como otro paso en la institucionalización de un poder familiar que ha reducido progresivamente los espacios para la oposición y la competencia política.
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La actual confrontación no puede entenderse sin la crisis que comenzó en abril de 2018. Las protestas inicialmente surgieron contra unas reformas de la seguridad social, pero rápidamente se transformaron en un movimiento más amplio contra Ortega y su Gobierno.
La respuesta de las autoridades fue una fuerte represión que dejó más de 300 muertos, miles de heridos y desencadenó un éxodo masivo de nicaragüenses.
Desde entonces, el Gobierno ha perseguido y encarcelado a opositores y ha desmantelado buena parte de las estructuras políticas y sociales capaces de desafiarlo.
Las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega obtuvo un nuevo mandato, estuvieron marcadas por la detención de dirigentes opositores y fueron cuestionadas internacionalmente.
La siguiente reforma constitucional profundiza ahora en ese proceso. El nuevo cambio constitucional también debe leerse a la luz de una declaración particularmente significativa del propio Ortega.
Archivo-Un manifestante pasa durante las protestas a nivel nacional exigiendo justicia, democracia y la salida del presidente Daniel Ortega, en Masaya, Nicaragua el 12 de mayo de 2018.
El pasado 19 de julio, el mandatario afirmó que "no habrá más elecciones" en Nicaragua, argumentando que el sistema electoral había permitido a sus adversarios regresar al poder.
La posterior aprobación parlamentaria de la reforma convierte aquella declaración política en una posible hoja de ruta institucional.
No significa que Nicaragua deje formalmente de celebrar cualquier proceso electoral. El cambio consiste en algo más complejo: mantener la arquitectura electoral mientras se restringe quién puede competir y se prolonga el mandato de quienes ya controlan el Estado.
Es precisamente este mecanismo el que preocupa a Washington y a otros Gobiernos latinoamericanos.
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Que Ortega eligiera precisamente la celebración del aniversario del Ejército para responder a Estados Unidos tampoco es un detalle menor.
El presidente insistió en que Nicaragua se enfrenta a un "poder militar mundial" y pidió a las Fuerzas Armadas y a sus seguidores mantenerse alertas.
El jefe del Ejército, Julio César Avilés, respaldó públicamente la reforma constitucional.
La imagen que proyecta el poder nicaragüense es, por tanto, la de un bloque político y militar cohesionado frente a las presiones externas.
Esto resulta especialmente relevante en un país cuya historia reciente está marcada por conflictos armados, revoluciones y una profunda confrontación entre las instituciones estatales y la oposición.
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Aunque el oficialismo tiene el control de la Asamblea Nacional, la reforma aún debe completar el procedimiento constitucional.
La primera aprobación se produjo por unanimidad y a mano alzada. La segunda deberá realizarse durante la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2027.
Mientras tanto, la presión internacional previsiblemente continuará.
Estados Unidos reclama aislamiento comercial; Costa Rica pide una respuesta coordinada en la OEA; Perú denuncia un intento de consolidar una dictadura; y otros Gobiernos de la región han expresado preocupación por la deriva institucional.
Ortega, por su parte, responde que Nicaragua no se rendirá ante las amenazas y presenta la reforma como una decisión soberana de la Asamblea Nacional.
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Con Reuters y EFE