¿A qué edad debería permitirse a un adolescente abrir una cuenta en una red social? La pregunta, que durante años quedó principalmente en manos de las familias y de las propias plataformas, comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda de los gobiernos.
Expertos, legisladores y representantes de organizaciones civiles de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador coincidieron esta semana en Costa Rica en la necesidad de abrir una discusión regional sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales y el uso de teléfonos celulares.
El encuentro fue organizado por el Proyecto de Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación, financiado por la Unión Europea y desarrollado junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El debate parte de una realidad particularmente marcada en América Latina y el Caribe: según datos citados por el PNUD, los usuarios de la región pasan en promedio tres horas y media al día en redes sociales, el registro más elevado entre las regiones del mundo.
Los participantes plantearon que cualquier regulación debería contemplar la participación de los propios jóvenes y tener en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas entre los países. También señalaron que padres, gobiernos y compañías tecnológicas deberían formar parte de la discusión.
La preocupación por los efectos del uso intensivo de las plataformas digitales ya aparece vinculada a cuestiones como la salud mental, la autoestima, el comportamiento y el desempeño escolar. Sin embargo, ninguno de los cuatro países representados en el encuentro cuenta actualmente con una legislación específica destinada a limitar estos efectos.
Los fiscales generales de California (I), Colorado (C) y Nueva Jersey (D) hablan en una conferencia de prensa sobre su demanda contra Meta, el 18 de agosto de 2026 en Oakland
En Ecuador y Panamá existen iniciativas parlamentarias relacionadas con el uso de celulares y redes sociales por parte de menores. Costa Rica, por su parte, analiza reformas más amplias relacionadas con las nuevas tecnologías.
Los participantes del encuentro también reclamaron más estudios científicos que permitan evaluar el impacto de las plataformas y sirvan como base para futuras decisiones legislativas.
La discusión se produce además en un contexto internacional en el que varios gobiernos ya decidieron avanzar con restricciones.
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Australia fue uno de los primeros países en establecer una prohibición amplia para los menores de 16 años. La legislación aprobada en 2024 contempla sanciones económicas para las plataformas que permitan el acceso de adolescentes por debajo de esa edad.
Otros países siguieron posteriormente esa dirección. Indonesia restringió este año el acceso de menores de 16 a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X y YouTube.
En junio, Malasia adoptó una medida similar y estableció controles de edad para impedir que los menores de 16 años puedan utilizar determinadas redes sociales.
El debate también llegó a Nueva Zelanda, donde el Gobierno anunció su intención de establecer una restricción para los menores de 16 años.
En Estados Unidos, mientras tanto, distintas iniciativas impulsadas a nivel estatal buscan limitar el acceso de adolescentes a las plataformas. Entre ellas aparecen proyectos en Texas, Nueva York y Florida, aunque no existe una regla uniforme para todo el país.
En Europa, el escenario es más fragmentado. No existe una edad única para todas las plataformas y los países avanzan a velocidades diferentes, pero cada vez son más los gobiernos que analizan elevar el límite o reforzar los mecanismos para comprobar la edad de los usuarios.
España estudia aumentar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en una red social. El proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales contempla además sistemas de verificación de edad y modificaciones destinadas a reforzar la protección frente a prácticas como el acoso sexual en línea y la difusión de contenidos manipulados.
Francia también intenta endurecer las reglas. El Parlamento había avanzado con una propuesta para impedir el acceso de los menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional anuló el principal artículo de la iniciativa. El Gobierno francés anunció que buscará reformularla con vistas a una nueva aprobación.
L'ancien ingénieur de Meta Arturo Béjar prend la parole lors d'un rassemblement pour demander aux entreprises de la tech de rendre des comptes sur les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents en ligne, le 31 janvier 2024 à Washington
Grecia y Dinamarca estudian establecer el límite en los 15 años, mientras que Eslovenia y Finlandia preparan modificaciones en esa misma dirección. Portugal analiza establecer una especie de mayoría de edad digital a los 16 años y permitir el acceso entre los 13 y los 16 con autorización de los padres.
Austria estudia fijar el límite en 14 años y Noruega prepara una regulación para los menores de 16. Otros países, como Italia, Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Países Bajos, también discuten distintas fórmulas para restringir el acceso de los adolescentes.
La discusión no se limita a las leyes. También alcanza directamente a las grandes empresas tecnológicas.
El anuncio de Meta, matriz de Facebook e Instagram, de desembolsar millones de dólares para resolver demandas presentadas en Estados Unidos volvió a poner el foco sobre el diseño de las plataformas y sus posibles efectos sobre los menores.
Las acusaciones sostienen que la compañía desarrolló productos capaces de fomentar comportamientos adictivos entre niños y adolescentes y que no informó adecuadamente sobre algunos de los riesgos asociados a sus servicios.
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El caso forma parte de una discusión mucho más amplia: hasta dónde llega la responsabilidad de las familias, dónde comienza la de las empresas tecnológicas y qué papel debe asumir el Estado.
En América Latina, ese debate apenas comienza a tomar forma legislativa. El encuentro celebrado en Costa Rica mostró que la preocupación ya está instalada entre especialistas y autoridades de varios países.
La pregunta ahora es qué tipo de regulación puede proteger a los menores sin convertir las redes sociales en un espacio inaccesible para ellos. Y, sobre todo, si América Latina seguirá el camino de los países que ya comenzaron a imponer límites de edad o buscará un modelo propio para afrontar el problema.
Con EFE